La Coalición Cívica - ARI propuso al Gobierno Nacional la aplicación del decreto 62/19 y su Anexo que “regulan la acción civil de extinción de dominio y su régimen procesal” y los artículos 23, párrafo 7 y 305 del Código Penal, que regulan las facultades judiciales de decomiso anticipado y decomiso definitivo de bienes, respectivamente, con la participación de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, dependiente de la Procuración General de la Nación.
Así planteó el Concejal de la Capital Fabian Nieves, uno de los referentes de la fuerza de Elisa Carrio en Corrientes, "Es una oportunidad histórica para recuperar lo robado y que se invierta en hospitales, personal, ambulancias, tomógrafos y respiradores para hacer frente a la emergencia y el avance del virus Covid-19".
En este sentido, detalló que "Entre 2015 y 2018, teniendo en cuenta las más de 150 causas en las que la Dirección General de Recupero de Activos y Bienes Decomisados ha intervenido, se lograron inmovilizar en forma efectiva más de 95 mil millones de pesos, 719 inmuebles, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones y se dictaron 242 inhibiciones general de bienes”.
Finalmente sostuvo que "en tiempos críticos es necesario maximizar el uso de los recursos disponibles antes que seguir quebrando al sector privado, y hay que empezar por algo fundamental: por recuperar lo robado".
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